Desde el pasado 1 de febrero, todos los negocios de la Construcción que tengan asalariados -independientemente de si actúan como empresas o autónomos persona física- están obligados a aportar mensualmente al plan de pensiones sectorial en nombre de sus trabajadores, en cantidades que dependen del grupo profesional de éstos y de las tablas salariales de cada convenio provincial. Dependiendo del lugar donde tenga la actividad el autónomo persona física o la sociedad y su grupo, deberá aportar entre 130 y 300 euros por asalariado.
Así, dependiendo de la provincia en la que se encuentre el negocio, las aportaciones podrían variar las aportaciones a los planes de pensiones.
En las últimas semanas se han publicado algunos de estos convenios, por lo que ya se pueden comenzar a cifrar el impacto real de la medida para los negocios, que deberán inscribirse como entidades aportadoras en el plan de pensiones de empleo que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha creado a tal efecto, y que será gestionado por VidaCaixa. Deberán hacerlo antes del 22 de marzo, la fecha máxima para realizar las primeras aportaciones, correspondientes a la nómina de febrero.
Asimismo, los autónomos de la Construcción deberán abonar los atrasos en las aportaciones de 2022 y 2023 en las pólizas del plan de pensiones de los asalariados que estuviera desde entonces contratados por el negocio. Este trámite, sin embargo, podrá realizarse hasta el 1 de mayo, con cuantías también diferentes dependiendo de la provincia en la que se ubique el negocio.